En ese marco, aprobamos nuestro Plan de Acción para el 2018, en defensa de los derechos adquiridos de los docentes privados en actividad y jubilados frente a políticas adversas que agreden nuestro salario, estabilidad, capacitación y salud.
Participamos con el conjunto del movimiento obrero de Córdoba en el reclamo y exigimos a los Gobiernos Nacional y Provincial el respeto de los derechos reconocidos por la Constitución y por las leyes al conjunto de los trabajadores.
En particular, exigimos a los empleadores de la enseñanza privada la inmediata mejora de las condiciones de trabajo: salario, estabilidad, formación profesional, seguridad y salubridad; sin las cuales no hay justicia ni equidad en las relaciones laborales de nuestra actividad.
Rechazamos las “reformas” que intenta imponer el Gobierno Nacional en materia laboral, jubilatoria y de cobertura de salud. Puntualmente, repudiamos las que afectan a la Ley de Contrato de Trabajo porque, con la excusa de “generar empleo”, significan un claro y profundo ajuste sobre los salarios y derechos de los trabajadores; lo cual constituye un grave retroceso en la política laboral de nuestro país.
Este ajuste, avanza directamente sobre las directivas del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que ordena “proteger al trabajo en todas sus formas”. De este modo se viola así el principio “protectorio” que es la base fundamental del Derecho de los Trabajadores.
Si esta iniciativa se transformase en ley, las “condiciones dignas de labor” se verían seriamente afectadas, beneficiando claramente los intereses del empleador en detrimento de los derechos adquiridos del trabajador.
Rechazamos la llamada “reforma previsional” -otra cara del ajuste permanente- porque reduce los haberes previsionales, nos hará jubilar más tarde y pone en riesgo el régimen jubilatorio docente. Régimen que, vale subrayarlo, no es un “privilegio” sino un derecho, basado en las deterioradas condiciones de trabajo de nuestra tarea y en la naturaleza de nuestra actividad.
Rechazamos también la adhesión de la Legislatura Provincial a la Ley de Reforma de Riesgos del Trabajo, que lejos de mejorar la situación de los trabajadores los expone más a sufrir las consecuencias de los accidentes y enfermedades profesionales.
Rechazamos la Cobertura Universal de Salud (otra iniciativa que se enmarca en la política de “ajuste”) porque la misma supone la privatización del sistema de salud y la concepción de la misma como una mercancía y no como un Derecho Humano Universal.
Como claramente puede advertirse no se trata de un paquete de “reformas”, sino de una política de ajuste. Este ajuste no puede ser “negociado” para que resulte menos malo; porque por definición implica menos derechos, menos salario y menos dignidad para los trabajadores.
Finalmente, le solicitamos al Gobierno Provincial nos haga partícipes de la mesa de política salarial e inicie dicha paritaria a la brevedad posible por constituir esa negociación el piso de nuestros salarios.
Por todo lo anterior, los Congresales Provinciales del SADOP Córdoba reunidos este 4 de diciembre de 2017 manifestamos nuestro total rechazo a dicha política y llamamos a todos los trabajadores en general y a los docentes privados en particular a unirnos y luchar en defensa de nuestros derechos.
